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El cierre administrativo de un caso migratorio es una decisión que un juez puede tomar para dar por terminado el proceso contra un no ciudadano, pero tal poder no ha sido una facultad permanente.
Ahora, una regla impulsada por el Departamento de Justicia (DOJ) podría codificar dicha facultad a los jueces, lo cual beneficiaría a miles de inmigrantes.
“[La nueva regla permitiría] el cierre administrativo, y para aclarar y codificar otras prácticas establecidas”, dice un documento del DOJ que publicará el 8 de septiembre en el Registro Federal. “El lenguaje regulatorio propuesto refleja en gran medida el status quo actualmente operativo”.
Una vez publicada la propuesta, organizaciones civiles, abogados y prácticamente cualquier persona podrá emitir comentarios hasta el 7 de noviembre, antes de que la regla avance a su siguiente fase.
La decisión del gobierno del presidente Joe Biden busca echar atrás formalmente una regla impuesta por la Administración de Donald Trump, la cual bloqueó a los jueces para cerrar los casos en forma administrativa.
Aunque el cierre administrativo de un caso no otorga un estatus migratorio legal a un extranjero, eso complica que sea procesado para la deportación por parte de la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las modificaciones de la nueva regla tendrán impacto en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), donde operan los jueces, así como a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
“Después de una cuidadosa reconsideración, el Departamento propone restaurar procedimientos de larga data vigentes antes de la Regla Final AA96”, dice el documento de la regla.
La Regla Final AA96 a la que se refiere el actual gobierno es la impuesta por la Administración Trump, tras la cual hubo una mayor acumulación de casos en tribunales hasta sumar más de dos millones.
“El Departamento cree que esta regla promoverá la adjudicación eficiente y expedita de casos, brindará a los jueces de inmigración y a la BIA flexibilidad para asignar eficientemente sus recursos limitados y protegerá el debido proceso para las partes ante los jueces de inmigración y la BIA”, dice el documento.
ELDIARIONY
