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Después de más de 16 años en suspenso, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudará las ejecuciones en casos federales a partir de diciembre de este año con el objetivo de dar “justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”, pese a la creciente oposición a la pena capital.
“El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, señaló ayer jueves William Barr, el fiscal general estadounidense.
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
62 están en fila
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston.
