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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump quiere enviar a ciudadanos condenados por delitos violentos a la megaprisión CECOT en El Salvador, pero expertos legales aseguran que esa medida sería completamente ilegal.
Según dos funcionarios de la Casa Blanca, los abogados del Departamento de Justicia y el equipo legal presidencial están revisando si existe alguna base jurídica para expulsar a convictos locales del país. Trump ve esta propuesta como un tema popular y asegura que la mayoría de los estadounidenses la apoya.
“Cree que es un tema 80-20”, dijo uno de los funcionarios, en referencia a que, según Trump, el 80 % de la gente estaría a favor de deportar a delincuentes nacionales.
Pero los especialistas no tienen dudas: la Constitución prohíbe expulsar a ciudadanos estadounidenses de su propio país, incluso si cometieron delitos.
“Legalmente es imposible. No tiene ninguna autoridad”, afirmó David Cole, exdirector legal de la ACLU. “Ser ciudadano implica tener el derecho de permanecer en Estados Unidos. Nadie puede ser expulsado, ni siquiera temporalmente, por cometer un crimen”.
La idea surgió después de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en la que se discutió un acuerdo por el cual Estados Unidos pagará 6 millones de dólares a El Salvador para albergar migrantes deportados en la prisión de máxima seguridad CECOT, conocida por sus condiciones extremas.
Expertos en derecho constitucional advierten que enviar a ciudadanos estadounidenses a esa cárcel violaría la prohibición de castigos crueles e inusuales, además de otras leyes federales.
“Esa prisión existe para tratar a los presos de forma inhumana. Cualquier tribunal la cerraría si estuviera en suelo estadounidense”, dijo Cole.
El profesor de derecho Ilya Somin, de la Universidad George Mason, también consideró la medida “obviamente ilegal” y recordó que una ley firmada por el propio Trump obliga a mantener a los presos federales a menos de 800 kilómetros de su hogar. El Salvador está mucho más lejos.
Somin advirtió que incluso si el plan es ilegal, la administración podría intentar ejecutarlo antes de que los tribunales puedan intervenir.
“Podrían decir: ya los sacamos del país, ahora nadie puede obligarnos a traerlos de regreso”.
Este escenario ya preocupa a la Corte Suprema, que la semana pasada ordenó al gobierno facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un hombre deportado por error a El Salvador.
La jueza Sonia Sotomayor alertó que permitir algo así implicaría aceptar que el gobierno puede deportar y encarcelar a ciudadanos estadounidenses sin consecuencias, siempre y cuando actúe antes de que un juez pueda frenar la acción.
La profesora Jessica Levinson, experta en Derecho Constitucional en la Universidad Loyola, cree que si la propuesta avanza, llegarán demandas judiciales antes de que se expulse a alguien.
“Incluso la amenaza de deportar a un ciudadano ya sería suficiente para que los tribunales acepten una demanda”, explicó.
Por ahora, la propuesta de Trump carece de base legal, pero sigue generando preocupación entre defensores de derechos civiles y juristas que temen un uso político de medidas que cruzan límites constitucionales.
CNN EN ESPAÑOL
