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Procurador dejará pendiente varios casos de corrupción en tribunales

El procurador general de la República, Jean Alain Rodrí­guez, quien ostenta el cargo desde 2016, a partir del 16 de agosto dejará pendiente en la justicia varios casos de presuntos actos de corrup­ción, cuyos expedientes si­guen sin ventilarse debido al cierre de los tribunales a principio de marzo pasado por la pandemia del corona­virus (Covid-19).

Entre los procesos se en­cuentran los muy conocidos Odebrecht, Súper Tucano y Los Tres Brazos, los cuales están pendientes de fijación de audiencia en el Primer Tribunal Colegiado, el Sexto y Cuarto Juzgado de la Ins­trucción del Distrito Nacio­nal, respectivamente.

Los tribunales del país so­lo están conociendo audien­cia de manera virtual sobre solicitudes de medida de coerción y revisiones y se es­pera que a partir del 29 de julio próximo, comiencen a celebrarse las audiencias de manera presencial.

Los expedientes de mal­versación de fondos y co­rrupción administrativa que se encuentran en esos tres tribunales incluyen a polí­ticos y exfuncionarios que perdieron sus puestos a raíz de los escándalos.

Con el cambio de gobier­no que iniciará el próximo 16 de agosto, Rodríguez de­jará de ser la máxima au­toridad del Ministerio Pú­blico, que es el órgano del sistema de justicia respon­sable de la formulación e implementación de la polí­tica del Estado contra la cri­minalidad, dirige la inves­tigación penal y ejerce la acción pública en represen­tación de la sociedad.

Procurador

El Procurador, de 45 años, es un abogado y político. Durante estos cuatro años, salieron a la luz varios ca­sos de corrupción que aún se mantienen en los tribu­nales, y otros que quedarán pendientes para quien asu­ma la dirección del minise­rio público.

Rodríguez es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Cató­lica Madre y Maestra (PU­CMM). Tras culminar allí completó tres maestrías en Derecho en La Sorbona (Pa­rís), La Sapienza (Roma) y la Escuela Superior de Ad­ministración Pública (Ro­ma), incluyendo una en Derecho Penal de la Admi­nistración Pública con ho­nores máximos. Al momen­to de su designación como procurador general de la República desempeñaba la función de director ejecuti­vo del Centro de Exporta­ción e Inversión de la Repú­blica Dominicana (CEI-RD). Fue asesor legal de la Direc­ción General de Aduanas (2004–2005).

Fuente: Listíndiario

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