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-El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, Dalvin López, dictó dos meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos de las cinco empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, por la muerte de un niño de un año y 10 meses de nacido que estaba bajo su cuidado.
El magistrado López envió a la cárcel a Rosmery Cross Olivo y Katerin Castaño Bautista, señaladas como responsables de la muerte de Maikel Esmil Castro Álvarez.
Mientras que fueron favorecidas con la libertad pura y simple Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial; y Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo.
Francisco Rodríguez, abogado de las hoy privadas de libertad, entiende que el juez se dejó sugestionar por la presión mediática que ha generado el caso para emitir su decisión.
A su juicio, con la acusación presentada por el órgano no conllevaba aplicar medida de coerción consistente en privación de libertad.
“Nosotros entendemos que, por la tipificación jurídica de los hechos, el arraigo presentado y por lo que dice el Ministerio Público que ellas cometieron no se debió aplicar prisión preventiva”, consideró el jurista.
