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Principal partido de oposición se siente espiado por el Gobierno

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, se pronunciará hoy en torno a los informes que indican que uno de los teléfonos de su Secretario Nacional de Finanzas, Eduardo Sanz Lovatón, fue interceptado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Luego de la reunión de su Comisión Política, Lovatón dijo que el partido fijará su posición oficial respecto a las interceptaciones telefónicas.

“En la reunión de mañana (hoy), el PRM se referirá de manera oficial a este tema , pero yo de manera particular aseguro que eso no se quedará asi”, expuso el dirigente perremeísta.

Anoche, la PGR emitió un comunicado para aclarar y defender las interceptaciones, alegando que han sido autorizadas por los jueces competentes y recordando que representan un medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.

La aclaración de la PGR obedece a las declaraciones de la diputada del PRM, Faride Raful, quien denunció que la procuraduría intervino los teléfonos de Lovatón, y de la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau, añadiendo que la titularidad de sus números fueron ocultados a fin de realizar la operación.

“Ya sabemos que de los 17,637 teléfonos intervenidos en la Capital, uno pertenece a Sanz Lovatón y otro a Susana Gautreau, ninguno de los 2 vinculados al caso Odebrecht, caso que sirvió de excusa para solicitar las referidas intervenciones, disfrazando la titularidad de sus números”, escribió Raful en la publicación.

Mientras que el presidente del PRM, José Paliza, mostró una imagen en su cuenta de twitter que visualiza la interceptación del número de Sanz Lovatón con el nombre de Andrés Bautista, acusado en la trama de la empresa Odebrecht.

La PGR también había admitido que solicitó la autorización para intervenir un teléfono que estaba a nombre de un hijo del imputado Conrado Pittaluga, durante el curso de la investigación del caso Odebrecht.

Milciades Guzmán, fiscal titular de Santo Domingo Este, planteó al juez Francisco Ortega Polanco que esa solicitud del contacto que corresponde al hijo del imputado, no se hizo en la etapa intermedia de la investigación, sino cuando su padre estaba en la cárcel y usaba esos teléfonos.

La reunión
La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, informó que en la reunión de discutirá la situación del país, “agravada por las últimas decisiones adoptadas por la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana”.

La dirigente precisó que la reunión del más alto organismo ejecutivo será ampliada con la participación de los presidentes, secretarios generales provinciales y municipales, entre otros.

La Comisión Política analizará la frágil situación de la democracia, falta de institucionalidad, de tolerancia y el respeto que “ameritan todas las instancias y sectores nacionales”.

Explicaciones
La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a números telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de gente.

La institución explicó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, “es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso”.

En su comunicado, la procuraduría destacó que por tratarse del caso de corrupción más grande del país, el proceso conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas efectuadas por el Ministerio Público.

Además, confirmó que todos los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a ellos, “ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública”.

Advertencia
La procuraduría también hizo un llamado a la población para no dejarse confundir con teorías de espionaje. “La población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas”, reseñó la entidad.

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