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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La propuesta, que ha sido aprobada y finalmente convertida en ley, ha contado con el respaldo unánime tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y ha sido motivada por la preocupación que existe por esta minoría musulmana.
«Esta nueva ley brinda al gobierno de los Estados Unidos nuevas herramientas para evitar que los productos fabricados en Xinjiang ingresen a los mercados estadounidenses y para promover aún más la rendición de cuentas de las personas y entidades responsables de estos abusos», ha destacado este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha pedido a Estados Unidos su correción: «Denigra maliciosamente la situación de los Derechos Humanos en Xinjiang de sin tener en cuenta los hechos y la verdad», según ha dicho en un comunicado, recogido por Bloomberg.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha remarcado en rueda de prensa que «las empresas estadounidenses nunca deberían sentir la necesidad de disculparse por defender los Derechos Humanos fundamentales u oponerse a la represión», y ha reiterado a todas las industrias que se aseguren de no abastecerse de productos que impliquen trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.
«La realidad es que las empresas que no abordan el trabajo forzoso y otros abusos de los Derechos Humanos en sus cadenas de suministro se enfrentan a graves riesgos legales, de reputación y de clientes, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa y otras regiones del mundo», ha dicho Psaki.
Sobre las críticas por parte de China, Psaki ha dicho que no han «ocultado sus preocupaciones»: «El presidente les ha hablado (a China). Trabajamos y reunimos a los líderes del G7 para firmar una declaración sobre estos abusos».
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 15 de diciembre esta legislación tras un anuncio del Departamento del Tesoro sobre la imposición de una batería de sanciones contra una empresa china y dos individuos por su participación en la violación de Derechos Humanos de los uigures y otras minorías étnicas en la región.
«El genocidio en curso perpetrado por el Gobierno chino contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas es un desafío para la conciencia del mundo entero», señaló la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, antes de que se aprobase el proyecto de ley, tal y como recogió Bloomberg.
Ahora, con la ley aprobada, el Departamento de Seguridad Nacional deberá crear una lista de entidades que colaboren con las autoridades chinas en la represión de la minoría uigur.
Asimismo, la ley incluye una «presunción refutable» en la que se da por hecho que todos los bienes producidos en la región de Xinjiang han sido fabricados en condiciones de trabajo forzoso, a no ser que desde Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se diga lo contrario.
