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La corporación extranjera que administra y dirige los canales 7 de Antena Latina y el canal 21 usufructúa actualmente ese bien de patrimonio público en violación a la Constitución y las leyes dominicanas, en vista de que el Instituto de las Telecomunicaciones (INDOTEL) declaró la “caducidad” de la transacción contractual en virtud de la cual comenzó a operar esos medios desde el 2015.
Con esta caducidad, dictada por el Indotel el 30 de septiembre de 2019, el órgano regulador de las telecomunicaciones nacionales acogió las quejas y argumentaciones que se habían señalado desde diferentes ámbitos de la sociedad sobre el hecho de que ambos medios estuvieran siendo operados por una razón social perteneciente al operador extranjero Angel González, mejor conocido en el hemisferio como “El fantasma” por la forma en que maneja desde las sombras una serie de negocios vinculados a programas de televisión.
La resolución dictada al efecto por el Indotel declara la nulidad de la operación de transferencia de acciones depositada el 14 de mayo de 2015 por las sociedades comerciales Antena Latina Group, LTD, Elkton Investments, Inc y Vilto Incorporaxted, S.A.S. dentro del capital social de Inter-Antena Holding Company, “por contravenir las disposiciones del artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones número 153 y en base a los motivos expuestos en la disposición.
Por los mismos argumentos de esa resolución, el Indotel declaró también la caducidad “de toda operación de transferencia intervenida dentro del capital social de Inter-Antena Holding Company LTD que no haya sido previamente aprobada por este ente regular”, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 73.2 de la Ley General Telecomunicaciones”.
Informa Noticias SIN que a pesar de un fallo tan claro sobre un caso en que Indotel es, de acuerdo a la ley, el máximo órgano regulador en materia de comunicaciones, Antena Latina y el canal 21 siguen manejados a control remoto desde entonces por “El fantasma” como si la citada resolución de caducidad no existiera o fuera letra muerta, lo que ha sido considerado una burla a las leyes y la respetabilidad institucional del país por parte de un extranjero.
