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Familia dominicana demanda por US$3,1 millones al gobierno de Puerto Rico

San Juan.- Una familia dominicana demandó por 3,1 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, a la Policía y al Secretario de Seguridad Pública, por el asesinado de Anelky Cross Rojas, de 25 años de edad, por parte del agente Nieves Pérez Ortiz, hecho ocurrido el 29 de julio de 2017, cuando se encontraba en un kiosco en el municipio Carolina.

La acción judicial en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en la que está incluido el policía convicto Pérez Ortiz, fue incoada por Karina Cross Rojas y Sención Polanco Rojas, hermana y madre, respectivamente, del occiso.

Estaba previsto que el expolicía Pérez Ortiz, quien permanece encarcelado, fuera sentenciado este jueves en la sala de la jueza superior Berthaida Seijo Ortiz, en el Centro Judicial de Carolina, por el asesinato del joven dominicano y violación a la ley de armas, por lo que le aguarda una pena a 104 años de prisión por ambos delitos, según confirmaron a la agencia Inter News Service (INS) los fiscales Obdulio Meléndez Torra y Joynette Torres LaCourt.

La jueza Seijo Ortiz estableció la imposibilidad de emitir la condena porque no se había sometido el informe previo a la sentencia, por lo que se fijó, en coordinación con los fiscales Meléndez Torra y Torres LaCourt y el abogado criminalista Jorge Gordon Menéndez, para el jueves 20 de septiembre próximo.

La hermana de la víctima, quien lleva 11 años residiendo en Puerto Rico, aseguró que el asesino nunca se identificó como policía al momento de la intervención, sin aparente razón, más allá de su animadversión hacia los dominicanos al escucharle hablar.

“Sacaron a la calle a un asesino con uniforme; el policía Nieves Pérez Ortiz ya había matado a otros dos jóvenes, y en el caso de mi hermano trató de cambiar la escena”, expresó Cross Rojas a la agencia INS al sostener que con este crimen quedaron huérfanos dos niños, un varón de cinco años y una nena de dos años, que tuvo Anelky con su esposa Carmen Iris Rosario (Cindy), quienes radican en la capital dominicana.

La escena en que perdió la vida el joven dominicano, en la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, a la altura del municipio de Carolina, fue alterada por el victimario, según arrojó la investigación del agente Arnaldo Cruz, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

De acuerdo con esta pesquisa, en la que el agente del NIE consiguió obtener un vídeo de una gasolinera Puma, el cual evidenció que Pérez Ortiz buscó una espátula y la puso al lado del cuerpo inerte de Cross Rojas, quien recibió un balazo en el rostro que le arrancó la vida en el acto, con el propósito de alegar que actuó en defensa propia.

Para José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), quien acompañó a los familiares de Gross Rojas, este fue “un crimen de odio” por tratarse de un ciudadano dominicano.

Lamentó que, a pesar de la reforma que se impulsa en la Policía a través del juez Gustavo Gelpí, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, “se sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, como la de este joven dominicano, aunque Pérez Ortiz ya antes había asesinado a dos puertorriqueños”.

Lamentó que el secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, mantenga una actitud de desafío a la reforma policial, ya que esta situación sirve de estímulo a ciertos agentes abusadores, que se sienten por encima de la ley.

La familia de la víctima, representada por los abogados José L. Colom Fagundo y Antonio Figueroa Rodríguez, reclama por la pérdida material de su hijo y hermano, como parte de sus angustias mentales, una cantidad no menor de 2 millones de dólares.

Además, por el lucro cesante ante su pérdida, ya que el joven trabajaba y mantenía su familia, se estima una suma no menor de un millón de dólares al tomar como base la edad, su ingreso y expectativa de vida útil de trabajo hasta su jubilación.

Igualmente, se indica en la acción civil, que la muerte de Anelky produjo una serie de gastos imprevistos a una familia pobre y desventajada por lo que crearon los demandados daños especiales en una cantidad estimada de 100 mil dólares.

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