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El exministro brasileño Walter Braga Netto figura entre los investigados por unos supuestos fraudes en negocios con la empresa estadounidense CTU Security, implicada en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, informaron este martes fuentes policiales.
Braga Netto, general de la reserva del Ejército, fue ministro de la Presidencia y luego titular de Defensa durante el gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro, y candidato a vicepresidente en la fórmula del líder de la ultraderecha para las elecciones de 2022.
La investigación, sin embargo, se refiere a supuestos fraudes en una compra de chalecos antibalas realizada en enero de 2018, cuando el general estaba al frente de una intervención federal decretada por el Gobierno del entonces presidente Michel Temer en Río de Janeiro, a fin de combatir una ola de violencia en esa ciudad.
La Policía Federal informó este martes que, mediante acuerdos de cooperación judicial, fue alertada por autoridades de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades en esa operación, negociada con la firma CTU Security, propiedad del venezolano-estadounidense Antonio Intriago.
Ese empresario fue detenido en febrero pasado en Miami, acusado, entre otros cargos, de «conspirar y proporcionar recursos» para el magnicidio de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.
Según las autoridades de Estados Unidos, entre los «recursos» suministrados para ese atentado figurarían armas, municiones y chalecos antibalas.
En el caso que se investiga en Río de Janeiro, la negociación con CTU Security implicaba la compra de 9.360 chalecos antibalas, para la cual se había pactado un sobreprecio de 4,6 millones de reales (hoy 920.000 dólares), equivalente a casi el 10 % del negocio.
De acuerdo con la Policía Federal, para esa operación comercial no fue realizada la correspondiente licitación, que según las leyes brasileñas es una de las condiciones que deben figurar en todas las compras públicas.
Aún cuando ha motivado la investigación, el negocio no llegó a concretarse, pues el contrato firmado con CTU Security fue anulado por el Tribunal de Cuentas del Estado brasileño una vez que se detectó esa irregularidad.
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