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Justicia de Brasil eleva la condena por corrupción a Luiz Lula da Silva

La Justicia brasileña ratificó ayer en segunda instancia la sentencia por corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva, el carísmático expresidente de Brasil, en una de las causas derivadas del caso Petrobras.

Aunque Lula, al que todas las encuestas dan como favorito en las elecciones con cerca del 30 % de los votos, aún puede recurrir, la decisión adoptada por la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, abre la puerta a su inhabilitación política y deja en manos del Tribunal Superior Electoral su posible candidatura presidencial.

Del mismo modo, la ratificación de su condena le coloca en el umbral de la prisión: los tres jueces que han revisado su caso han dictaminado que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no pueda presentar más recursos, ya que la legislación brasileña no permite que un condenado en segunda instancia esté en libertad condicional.

En cualquier caso, la sentencia supone el mayor revés en la carrera de este antiguo sindicalista, que conquistó para la izquierda la presidencia de Brasil en 2003 y dejó el cargo en 2010 convertido en una figura mítica. Más aún cuando el tribunal de segunda instancia no solo ha confirmado su condena, sino que ha aumentado la pena desde los nueve años y medio iniciales hasta los doce años y un mes, subrayando que las “violaciones” fueron “gravísimas”.
Para todos los públicosLula, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupciónreproducir videoUnanimidad en el tribunal

De hecho, los tres magistrados que han revisado su caso -Joao Pedro Gebran Neto, instructor de la causa, Leandro Paulsen, presidente de la sala, y Víctor Luiz dos Santos Laus- han votado unanimemente en favor de ratificar y elevar su condena.

Además, el tribunal ha dejado claro que juzgaba “hechos” y no “personajes”, echando por tierra los argumentos del abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, que ha vuelto a insistir en la “motivación política” del proceso judicial.

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