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Bachelet culpa al gobierno de Maduro por violaciones de derechos humanos a gran escala

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, según detalla un amplio informe publicado este jueves en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles.

El documento de 18 páginas detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana en medio de la crisis política y social que arrastra el país.

Según el asediado gobierno de Nicolás Maduro, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y presenta una visión “distorsionada, selectiva y abiertamente parcializada” sobre la situación.

“El Gobierno (del asediado presidente Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, apunta la ONU en sus conclusiones aseverando además que el país “ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático”.

El informe dedicó un apartado sobre las “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”.

Cita cifras de la ONG Foro Penal y documenta la detención de “por lo menos 15.045 personas” entre enero de 2014 y mayo de 2019.

“Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad”, indica.

La ONU informó además sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”.

En algunos de estos casos documentados “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, detalla el documento.

Señala como responsables de estas prácticas al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ambas instituciones, según el informe de la ONU, “recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.

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