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La opinión 6-3, escrita por la jueza Elena Kagan, restablece un fallo de un tribunal inferior que permitía a las salas de emergencia de los hospitales de Idaho realizar abortos de emergencia para salvar la vida y la salud de una embarazada.
El fallo desestimó el caso por considerarlo “improvisado”, lo que significa que el tribunal superior no debería haber aceptado escuchar el caso en primer lugar.
Los jueces conservadores Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito disintieron. La decisión está en línea con el borrador de opinión que se publicó accidentalmente en el sitio web del máximo tribunal el miércoles por la mañana.
En este caso, la Corte Suprema estaba evaluando la legalidad de la prohibición del aborto en el estado de Idaho, que paradójicamente solo permite a los médicos realizar abortos si la vida de la mujer embarazada está en riesgo.
La decisión de este caso llega luego de que el Máximo Tribunal emitiera un fallo unánime sobre el uso de la mifepristona, una de las dos drogas utilizadas para la mayoría de los abortos farmacológicos.
Idaho contradecía la ley federal que protege el aborto de emergencia
La administración del presidente Joe Biden ha argumentado que la ley de Idaho entra en conflicto con una ley federal de larga data que ha dado forma a la atención en las salas de emergencia. La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto, también llamada EMTALA, por sus siglas en inglés, requiere que las salas de emergencia brinden a todas las pacientes que se presentan en su hospital un tratamiento estabilizador, que podría incluir abortos en casos extremos.
EMTALA, ha garantizado durante mucho tiempo que, en una emergencia, las pacientes pueden obtener la atención que necesitan, incluida la atención del aborto, independientemente de dónde vivan.
«Todas las administraciones, desde el presidente Reagan hasta el presidente Biden, han reconocido que EMTALA requiere atención de aborto de emergencia», explica la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La Corte Suprema escuchó los argumentos orales de los casos Idaho v. United States y Moyle v. United States, que determina si se puede encarcelar a los médicos por tratar a pacientes embarazadas que experimentan emergencias médicas.
Cuando escuchó los argumentos en abril, la Corte Suprema parecía profundamente dividida sobre el caso. Sin embargo, en el fallo publicado sobre la mifepristona, los jueces se refirieron varias veces a EMTALA, acordando unánimemente con el punto de la administración Biden de que la ley federal no requiere que los médicos realicen un aborto si se oponen a ello.
La ley “no anula las leyes federales de conciencia ni exige que los médicos de urgencias participen en abortos de urgencia”, escribieron los magistrados.
Tras el fin de Roe v. Wade: no es solo aborto, sino libertades reproductivas
Desde que en junio de 2022 la Corte Suprema revocara el fallo Roe v. Wade, que por casi 50 años consagró el derecho al aborto a nivel federal, unos 20 estados de mayorías conservadoras han prohibido o restringido el aborto.
Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan preservar algún tipo de acceso al aborto seguro, incluso cuando grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo.
El fin de Roe v. Wade ha envalentonado a los opositores de los derechos reproductivos en varios frentes, no solo el aborto clínico o el aborto farmacológico. En otro frente de la batalla, los republicanos del Senado bloquearon el jueves un proyecto de ley patrocinado por los demócratas que brinda protección a los tratamientos de fertilización in vitro (FIV).
«Al votar en contra de las protecciones para la FIV, los amigos de Trump en el Senado han demostrado una vez más que no creen que las mujeres tengan el derecho fundamental a tomar decisiones sobre su propia atención médica y sus propios cuerpos», dijo la vicepresidenta Kamala Harris.
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